Desde Laura Bozzo hasta Roberto Palazuelos, instituciones con poca reputación han descubierto un lucrativo negocio: vender Doctorados Honoris Causa lo mismo a celebridades, que a políticos o periodistas con poca credibilidad.
Se ha dicho hasta el cansancio que lo único que puede cambiar a México es la educación. Sin embargo, tal parece que esto, simple y sencillamente, no terminará de suceder. Quizá, por eso, vaya siendo tiempo de reorientar los esfuerzos y enfocarse en cambiar la educación.
El Estado ha decidido otorgar un sinnúmero de reconocimientos y licencias a escuelas privadas para solventar las aspiraciones educativas de millones de jóvenes que no alcanzan un lugar en las escuelas públicas. Pero antes que producir una armoniosa sinergia a favor de la igualdad de oportunidades, esta situación ha desembocado en una descarnada liberalización de la educación privada que desdibuja el rol cardinal de las autoridades y que desprecia la calidad educativa.
Habrá que recordar que el mero hecho de ampliar la cobertura educativa en colaboración con otros actores no viene a significar un logro por sí mismo. Por el contrario, implica un reto mayúsculo para que el Estado pueda regular, vigilar y asegurar un mínimo de calidad para cualquiera que ingrese a una universidad; algo que, al día de hoy, no se ha realizado y que sigue provocando profundas disparidades entre ricos y pobres.
El surgimiento y auge de las llamadas “escuelas patito” no solo ha significado una apuesta por la mercantilización de un derecho fundamental, sino también por la primacía que coloca a la forma por encima del fondo. Egresar de muchas de estas escuelas es poco más que pagar por obtener un papel. Es el triunfo de la simulación sobre el conocimiento.
Con este esquema ganan las escuelas privadas de dudosa calidad y también el Estado, siguiendo la lógica de que nada importa más que cubrir la oferta a costa de ciertos parámetros de excelencia. Así, parecería que en México es mejor que todos estudien mal, antes que alguien se quede sin estudiar, que es preferible hacerse de la vista gorda que hacerse cargo de la debacle educativa.
Esta desregulación y escasa vigilancia del gobierno a las universidades no hace más que evidenciar que los problemas del sistema educativo son tan complejos y variados que rayan en el absurdo. Prueba de ello es la ilógica cantidad de doctorados “honoris causa” (por causa de honor) que se otorgan en México.
En sentido estricto, este tipo de doctorados sólo deberían otorgarse a mujeres y hombres genuinamente eminentes, que han realizado aportaciones excepcionales a un campo del conocimiento que no necesariamente corresponde con sus credenciales académicas. La UNAM, por ejemplo, sólo otorga este “a personas que hayan realizado una obra excepcional, públicamente reconocida, en los campos de la educación, la ciencia o la cultura”.
Sucede, en cambio, que así como existen escuelas que venden licenciaturas también hay instituciones que se dedican a entregar doctorados que no pasan la prueba de la risa.
Este es el caso, precisamente, de los doctorados que el “Claustro Doctoral Mexicano” otorgó a seis “periodistas alternativos” que cubren las mañaneras presidenciales, entre los que destaca Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”. Sobre el trabajo periodístico (es un decir) de estos sujetos no hay mucho que explicar. Basta con ver un par de conferencias matutinas para advertir que lo suyo es la propaganda y la apología y no el periodismo y la crítica.
Pero el episodio de estos seis doctorados dice mucho del tiempo que vivimos. Por una parte, estamos frente a un negocio redondo. Estas instituciones cobran por estos títulos una buena cantidad de dinero (20 mil, 40 mil, 60 mil pesos); los farsantes se presumen como doctores y se toman las reglamentarias fotografías para sus redes sociales y, por si fuera poco, muchas veces los mercantes de títulos suelen pedir favores y tratos especiales a sus galardonados, especialmente si se trata de políticos y funcionarios con acceso a bienes público.
Por otra parte, el episodio dice mucho sobre la obsesión que tenemos con los títulos académicos, especialmente con los posgrados. Ya lo hemos dicho, pero vale la pena recordarlo: salvo contadas excepciones, hacer un doctorado carece de toda racionalidad si uno no desea dedicarse al trabajo académico. Y, sin embargo, hay quienes se empeñan en obtener estos títulos a toda costa, sea en escuelas patito o sea comprando un honoris causa. Parece que, frente a la prohibición constitucional para la concesión y título nobiliarios, este tipo de sujetos ha encontrado en este tipo de doctorados el mejor remedio para sus ansias de distinción.
Lo peor del caso es que, en México, acumular doctorados, más que motivo de escarnio y burla, sigue siendo una razón para ser reconocido socialmente. ¿Cómo olvidar el bombo con el que se anunció el nombramiento de Patricia Rosalinda Trujillo Mariel como integrante de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional, una mujer con 12 doctorados (9 de ellos, honoris causa), 34 diplomados y 28 libros? ¿O qué decir del orgullo con el que el senador-influencer Samuel García presumió la obtención de su segundo doctorado? Esto sin dejar de mencionar que, ¡faltaba más!, el tercero ya estaba en puerta.
Habrá quien piense que la proliferación de las escuelas privadas y el otorgamiento de doctorados es algo irrelevante. Y quizá haya algo de razón en ello: en un país atravesado por la desigualdad, la violencia, la corrupción y, ahora, por la pandemia, ¿qué tanto importa que los farsantes sean también doctores?
Pero lo cierto es que estos episodios son muestra de la catástrofe que vive nuestro sistema educativo. Son prueba plena de que el Estado es un mero espectador en la forma en la que el mercado rebasa la insuficiencia de la universidad pública y lucra mediante la creación de falsas expectativas.
Comprar una licenciatura, una maestría o un doctorado pocas veces cambia el destino de los adquirentes. Pero eso es lo de menos. Mientras siga siendo negocio, escuelas patito y claustros doctorales seguirán despachando títulos sin ton ni son.
Es cierto que tratar de ordenar el actual sistema educativo resulta una labor titánica, pero esto no debería ser excusa para no empezar. Quizá va siendo la hora de alzar la voz frente a estos problemas y cerrar la llave de una jugosa industria cuyo único mérito es aprovechar la obsesión social con los posgrados. Los recién galardonados no son ni periodistas ni mucho menos eminencias. Son, en todo caso, unos charlatanes que, más que doctorados honoris causa, han recibido sin pudor doctorados honoris farsa.
