México es el cuarto país con mayor participación política de sus ciudadanas, solo detrás de Rwanda, Cuba y Bolivia, de acuerdo a la Unión Interparlamentaria. Y aunque esto representa una victoria en temas de inclusión, también plantea un enorme reto para las autoridades: socavar la violencia política que cada vez más mujeres enfrentan en la esfera pública.
Si bien las mujeres han ido ganando terreno en la política en los últimos años, las elecciones del 2018 marcaron un hito en la historia del país. Las mujeres obtuvieron casi una paridad total en el Congreso, con una representación del 49.2% en la Cámara de Diputados y 50.5 en la Cámara de Senadores.
Esto, en un país donde 6 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia , también implica que son cada vez más propensas a ser víctimas de violencia política, por el simple hecho de ocupar un cargo público, afirma ONU Mujeres.
“El incremento de las mujeres en espacios de poder, las vuelve un objetivo mayor de violencia. Si las mujeres sufren violencia en todos los ámbitos, este no será la excepción” comparte Natalia Calero, Especialista en Gestión de Programas en ONU Mujeres en entrevista con Forbes México.
Tan solo en la última carrera electoral -la “más violenta en la historia de México”, según el Observatorio Nacional Ciudadano- se reportaron 106 agresiones a candidatas; de los cuales 16 resultaron en homicidio de acuerdo al reporte de Violencia política contra las mujeres en México 2018.
Según define la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la violencia política contra las mujeres es toda acción con razón de género, que tiene como objeto menoscabar o anular el goce sus derechos político-electorales y por lo mismo, se trata de una violación a sus derechos inherentes y al ejercicio de la democracia.
La especialista destaca además, que las mujeres en el ámbito público, son víctimas de una violencia ‘doble’. No solo se enfrentan a la violencia ‘implícita’ de la arena política de México, sino a la violencia por el simple hecho de ser mujer.
Autoridades imposibilitadas por falta de regulación.
Sin embargo, esta violencia no está tipificada como delito y por tanto, ante los ojos de la ley mexicana, no amerita una sanción y tampoco se puede prever adecuadamente.
Y a pesar de que México sobresale por los esfuerzos de sus instituciones gubernamentales, organizaciones como la ONU destacan la urgencia de tener una regulación que pueda respaldar los protocolos de ‘buena fe’ para atender ésta problemática.
“México ha trabajado mucho, pero no lo suficiente. Las autoridades aún están limitadas por la falta de regulación”, señala Calero.
“En tanto tengamos esta cultura de machismo arraigada de que las mujeres deben ocupar ‘ciertos espacios’, aquellas que confronten este estereotipo seguirán haciendo frente a este tipo de violencia y discriminación”, concluye.
Se calcula que 86% de las parlamentarias a nivel mundial son víctimas de violencia psicológica durante su mandato, según un informe de la Unión Interparlamentaria de 2016.
Fuente: Forbes
